LA CRISIS DEL PERIODISMO LOCAL EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL: DESCREDITO, PRECARIZACIÓN Y CONTROL INFORMATIVO

Por: El Lic. Antonio Martínez Cantellano

El análisis que se plantea sobre el proceso de descrédito al periodismo local de Ciudad Nezahualcóyotl, tanto por parte de políticos y funcionarios de MORENA como anteriormente del PRD, refleja una profunda crisis en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación en el ámbito local. Este fenómeno no solo se limita a la descalificación sistemática del gremio periodístico independiente, (cabe aclarar que no se reciben recursos económicos para la publicación de los periódicos, son los mismos periodista que invierten de su propia bolsa), sino que también genera un contexto de invisibilidad y precarización que ha afectado gravemente la sustentabilidad de los medios de comunicación locales.

La acusación generalizada de corrupción hacia los periodistas, bajo el argumento de que cobran grandes cantidades de dinero por su labor y que de modo despectivo se les llama chayoteros, configura una actitud populista que tiene como objetivo deslegitimar el trabajo periodístico independiente. En lugar de fomentar un ambiente en el que los periodistas puedan ejercer su función con dignidad y autonomía, se crea una narrativa perversa que pone en duda la integridad de los profesionales del sector. Este enfoque no solo impacta la percepción pública del periodismo, sino que socava la importancia de los medios locales como espacios fundamentales de crítica, información y pluralidad.

La desaparición de los medios impresos locales, que antes eran comunes en la época del PRI, ilustra la erosión de un modelo de comunicación que permitía a las comunidades tener acceso a voces locales, informaciones regionales y críticas pertinentes a su contexto inmediato. La concentración de los medios de comunicación en manos de grandes conglomerados nacionales y el predominio de medios como Televisa, TV Azteca, o los periódicos nacionales, han dejado un vacío informativo a nivel local, dificultando que las voces independientes sean escuchadas.

Esta concentración mediática y el desprecio por el periodismo local forman parte de una política de despojo que va más allá de los recursos económicos: se trata de la desaparición de un modelo democrático de información que permita a la sociedad civil estar informada y ejercer una verdadera participación ciudadana. La falta de apoyo del gobierno local a los periodistas, especialmente a aquellos en situaciones vulnerables como los trabajadores de la tercera edad, es un ejemplo claro de la desconexión entre las autoridades y los sectores productivos más desfavorecidos.

La indiferencia del sistema político del gobierno municipal de Nezahualcóyotl, del Estado de México, ante la profesión del periodismo refleja una concepción autoritaria y demagógica del poder, que no reconoce al periodismo como una actividad esencial para la democracia y la libertad de expresión y no reconocer que muchos periodistas viven precariamente de esta actividad. Esta actitud de descalificación y exclusión solo genera un vacío informativo, en el que el control de la narrativa se centraliza en las élites políticas y mediáticas, ignorando las necesidades y derechos de los periodistas locales.

Además, esta indiferencia hacia los periodistas independientes y la falta de políticas públicas para apoyar su labor afectan directamente a la calidad del periodismo, les cierran todo tipo de crecimiento; manteniéndolos constantemente en una crisis económica. Los periodistas, que a menudo son personas de la tercera edad que encuentran en el periodismo una forma de autoempleo, enfrentan dificultades económicas y laborales considerables. Los altos costos de producción, los gastos en equipos, transporte, publicidad y otras necesidades operativas, sin el respaldo de una política gubernamental adecuada, limitan su capacidad de acción y su sustentabilidad.

Este análisis se da en el marco Primer Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 2025, donde se van a proponer reformas a la ley y la propuesta es que se reconozca que el trabajo de los periodistas independientes de Nezahualcóyotl, como un trabajo de autoempleo.

En resumen, el proceso de descrédito al periodismo local por parte de los políticos y funcionarios de MORENA, y antes del PRD, refleja una actitud paternalista y autoritaria que busca minar la independencia de los medios locales, ahogando la libertad de expresión y empobreciendo el ecosistema informativo de la región. Esta política no solo desprecia el trabajo de los periodistas, sino que también pone en peligro la posibilidad de un periodismo plural, libre y accesible, fundamental para una sociedad democrática.

DENUNCIA CONTRA HONORIA ARELLANO OCAMPO Y LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD DE NEZAHUALCÓYOTL

Por: Antonio Martínez Cantellano 

En un contexto político donde la lucha contra la corrupción y el abuso de poder sigue siendo uno de los puntos centrales en la política mexicana, la reciente denuncia presentada por Arturo Hernández Rosales quien es dirigente social de Nezahualcóyotl, contra Honoria Arellano Ocampo, legisladora plurinominal del Partido Verde Ecologista y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) Sección 19, ha generado una inquietud en la opinión pública. La denuncia, respaldada por más de 10 mil firmas, pone de manifiesto serias acusaciones de corrupción, nepotismo y abuso de autoridad, elementos que podrían tener implicaciones no solo a nivel local, sino también en la esfera política nacional.

De acuerdo con el dirigente Hernández Rosales, quien expuso que la diputada plurinominal Arellano Ocampo ha incurrido en prácticas que comprometen gravemente la integridad del sistema de salud y la confianza pública. Entre las acusaciones más graves se encuentran los presuntos cobros en tres lugares distintos, lo que sugiere un conflicto de intereses y una mala asignación de recursos. Además, se le señala por mantener al menos a 150 empleados como aviadores y familiares dentro del sistema de salud, lo cual no solo podría estar desviando recursos públicos, sino también afectando la eficiencia de los servicios de salud, como la falta de medicamentos, que se prestan a los ciudadanos.

Además, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con sede en Nezahualcóyotl y La Paz, Agustín Corona, señaló, que la Legisladora viola el artículo 22 de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo.

En el que se menciona que "Los diputados, durante el tiempo de su encargo, están impedidos para desempeñar  otra actividad de carácter público, municipal, estatal  y/o federal", ley que ha ignorado impunemente para sus intereses personales y de grupo.

Ahora, por estas denuncias realizadas por Dr. Agustín Corona fue removido de su cargo como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, lo cual es un acto de autoritarismo y censura. Poniendo como evidencia represión sindical contra uno de miembros, dejando entrever la represión contra la libertad de expresión y de reunión contra los ciudadanos. 

Podemos señalar como uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es que, según los denunciantes, Arellano Ocampo que tiene varios puestos como diputada-líder sindical-enfermera que podría estar cobrando, indebidamente, más que los políticos de MORENA como la gobernadora del Estado de México y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Este hecho, de confirmarse, no solo revelaría un desajuste económico en la distribución de los recursos públicos, sino también una posible vulneración de la ley y de los principios de igualdad y justicia.

Cabría señalar que este tipo de denuncias no son nuevas en el ámbito político mexicano y sobre todo en el municipio de Nezahualcóyotl, donde gobierna MORENA y que la corrupción sigue siendo un cáncer que afecta tanto a los gobiernos locales como a las estructuras sindicales. El poder de los sindicatos, especialmente en sectores importantes como el de la salud, ha sido históricamente un tema controvertido. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), al ser una de las organizaciones más influyentes del país, tiene el poder de convocatoria para movilizar a miles de trabajadores y, por ende, de influir en las decisiones políticas. Sin embargo, cuando este poder se ve acompañado de prácticas corruptas, puede tener efectos devastadores en los servicios públicos y en la confianza de los ciudadanos.

La imagen pública de Arellano Ocampo es especialmente relevante debido a su papel como diputada plurinominal del Partido Verde Ecologista. Este partido, que ha sido parte de la coalición que respalda al gobierno federal, se ha visto envuelto en varias ocasiones en controversias sobre su relación con el poder y sus prácticas internas. En este sentido, las acusaciones contra Arellano Ocampo no solo afectan su credibilidad política, sino también la de su partido, el cual podría verse comprometido en caso de que las investigaciones demuestren la veracidad de los hechos.

De comprobarse que Arellano Ocampo ha utilizado su poder para beneficio personal y de sus allegados, esto representaría un golpe directo a la legitimidad de las instituciones tanto locales como nacionales. La denuncia también resalta un tema recurrente en la política mexicana: el nepotismo. El hecho de que se mantengan empleados como aviadores y familiares en el sector salud es un claro ejemplo de cómo, en ocasiones, los recursos públicos se desvían para favorecer intereses personales, en lugar de ser utilizados para el bien de la comunidad de este municipio.

Además, la acusación de que Arellano Ocampo podría estar ganando más que la gobernadora y la presidenta es una revelación que podría generar un fuerte malestar entre los ciudadanos. En un país donde la disparidad económica y social es un tema sensible, este tipo de información puede minar aún más la confianza en las instituciones públicas, especialmente en un momento en el que se busca fortalecer la lucha contra la corrupción y la desigualdad.

Ante este contexto, el llamado de los denunciantes es claro: exigir una investigación profunda que dé claridad a los hechos y, si se confirma la corrupción, que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables. Es imperativo que las autoridades judiciales no solo analicen las acusaciones de manera objetiva y verás, sino que también den seguimiento a las denuncias de nepotismo y abuso de poder en el sector salud. La transparencia en estos casos no solo es fundamental para preservar la confianza en las instituciones, sino también para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y equitativa.

Las acusaciones contra Honoria Arellano Ocampo no solo son un llamado de atención sobre la corrupción dentro del sector salud de ciudad Nezahualcóyotl, que se ha visto perjudicado por este tipo de prácticas tan deshonestas, sino también sobre el uso indebido del poder político y sindical. A medida que la denuncia vaya prosperando en las dependencias de justicia del Estado de México, será crucial para que las autoridades respondan de manera firme y transparente, asegurando que, independientemente de la legisladora involucrada, se haga justicia. En un contexto político tan polarizado, las instituciones deben demostrar que están dispuestas a actuar en beneficio de la ciudadanía nezahualcoyotlense y a erradicar las prácticas que solo perpetúan la desconfianza y la impunidad.

 

MANIFESTACIÓN EN LA AVENIDA CHIMALHUACÁN EXIGE JUSTICIA PARA MARÍA EDITH

Por: Antonio Martínez Cantellano

Nezahualcóyotl, Edo de Méx, 18 de febrero de 2025. – La tarde del martes 18 de febrero, una multitud se congregó frente al Palacio Municipal de Chimalhuacán, bloqueando el tráfico de la avenida durante varias horas en protesta por la falta de atención y respuesta por parte de las autoridades en un caso de tentativa de feminicidio.

La manifestación, organizada por familiares, amigos y organizaciones en defensa de los derechos humanos, tenía como objetivo exigir la reapertura de la investigación de María Edith, quien denuncia ser víctima de violencia por parte de su exesposo, Ubaldo Izac Morales Bautista. A pesar de tener pruebas documentadas de agresiones físicas y amenazas, como un video que muestra el intento de atropellamiento de ella y su hija por parte del conductor de noticias Morales Bautista, el caso ha estado estancado por dos años debido, según los manifestantes, a la corrupción dentro de la Fiscalía del Estado de México.

María Edith, quien lleva siete años separada de su agresor, denunció por primera vez los hechos ante el Ministerio Público hace dos años, pero desde entonces, la investigación ha sido archivada sin avances concretos. La carpeta de investigación, según la víctima y sus abogados, ha desaparecido, lo que ha generado desconfianza en el sistema de justicia.

“La fiscalía ha cerrado los ojos ante la violencia que he sufrido. Necesito que se haga justicia, que se me respete como víctima y que el caso se reabra de inmediato”, expresó María Edith durante la manifestación.

Acompañada de abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, la víctima exigió la reapertura del caso y que las autoridades responsables rindan cuentas. En el lugar, se escucharon gritos de apoyo y consignas en contra de la impunidad y la criminalización de las víctimas de violencia de género.

El caso de María Edith ha cobrado relevancia en los medios, especialmente después de que un video del intento de atropellamiento fuera presentado en el programa de televisión de Nacho Lozano, lo que generó indignación pública. Sin embargo, pese a la atención mediática, la situación de la víctima sigue sin resolverse, y la manifestación fue un llamado a las autoridades para que actúen de manera efectiva y transparente.

Los manifestantes reiteraron su denuncia de corrupción dentro de la Fiscalía, señalando que la falta de acción es parte de un patrón de deslegitimación y negligencia hacia los casos de feminicidio y violencia de género.

La manifestación en la Avenida Chimalhuacán no solo exigió justicia para María Edith, sino también una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los casos de violencia contra las mujeres en el estado.

Este caso sigue siendo una muestra de los desafíos que enfrentan muchas mujeres en México para obtener justicia, a pesar de las pruebas y denuncias claras de abuso.

 

 

 

LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DEL CÓDIGO PENAL: UN PASO HACIA LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Por: Antonio Martínez Cantellano

El 6 de febrero de 2025, el Congreso del Estado de México aprobó la derogación de los artículos 126 y 127 del Código Penal, que tipificaban el delito de ultraje a la autoridad. Esta medida ya había sido anunciada en el Primer Foro de Análisis de la Reforma a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 2025, donde se destacó que la Gobernadora impulsó la eliminación de estos artículos. La LXII Legislatura del Estado de México aprobó la supresión de este delito del Código Penal estatal, con el fin de evitar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y asegurar el derecho de la ciudadanía y los periodistas a criticar a las personas servidoras públicas sin temor a represalias legales.

Esta modificación legislativa ha generado un debate amplio en la esfera política, pues toca directamente temas relacionados con los derechos humanos, la libertad de expresión y el equilibrio entre el poder del Estado y las libertades individuales.

En este artículo periodístico se realiza un análisis de las implicaciones de la derogación, tomando en cuenta el contexto histórico en el Estado de México, las reacciones políticas y el impacto que este cambio puede tener en la relación de periodistas que trabajan para las empresas de medios, los periodistas independientes y el poder político tanto del Estado como el de los municipios.

Los artículos derogaron un delito que había sido utilizado en el pasado para sancionar lo que se consideraba “desobediencia” o “menosprecio” hacia funcionarios públicos. Esta figura jurídica fue frecuentemente vista como una herramienta para reprimir la crítica periodística  y la disidencia, lo que generó tensiones sobre su constitucionalidad y compatibilidad con las garantías de libertad de expresión.

A lo largo de los años, diversas voces, tanto de la sociedad civil como del ámbito académico y político y periodístico,  denunciaron el abuso de esta legislación, señalando que podía ser utilizada para criminalizar el derecho legítimo de los ciudadanos y del gremio periodístico a manifestarse contra el actuar de la administración pública, o en su caso denunciar la corrupción en el gobierno.

La derogación de estos artículos es un claro reflejo de la voluntad del Estado de México de alinearse más estrechamente con los principios democráticos y los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales. La decisión es un reconocimiento de que, en un sistema democrático, las críticas periodistas, a través de la prensa escrita, la prensa digital y las estaciones de radio por internet, hacia las autoridades de cualquier nivel administrativo o político no deben ser castigadas con pena de prisión ni con sanciones penales. En este sentido, la eliminación del ultraje puede verse como una respuesta a la creciente preocupación por la falta de protección de la libertad de expresión y los derechos civiles en el país.

Esta medida también se puede interpretar como un intento de distanciarse de prácticas autoritarias que históricamente se han basado en el uso de la ley para coartar la libertad de los ciudadanos y de los periodistas independientes, principalmente. En el ámbito político, la derogación podría ser vista como un gesto de apertura y compromiso con los principios democráticos que favorece la pluralidad y la crítica constructiva.

Sin embargo, la derogación de estos artículos no está exenta de controversia. Existen sectores que consideran que la eliminación de este tipo de figuras legales podría socavar el respeto hacia las autoridades, ya que se pierde una herramienta que, a juicio de algunos, permite sancionar actitudes de desobediencia o de resistencia ante el poder. En este sentido, la reforma también ha generado temores sobre el impacto que pueda tener en la disciplina y el orden público.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la derogación de los artículos 126 y 127 representa una victoria importante para la sociedad civil. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han sido claras en señalar que las leyes que criminalizan el ultraje son un obstáculo para la libre expresión y que contribuyen a una cultura de represión.

La decisión del Congreso del Estado de México de eliminar estos artículos refuerza el derecho de los ciudadanos a cuestionar y criticar a sus gobernantes sin temor a represalias judiciales. Este es un paso hacia un Estado más respetuoso de la pluralidad de ideas y la libertad de los medios de comunicación empresariales, así como los medios de comunicación independientes.

Además, es relevante subrayar que esta derogación también puede abrir la puerta a una revisión más profunda de otras leyes que, en teoría, podrían seguir siendo utilizadas para limitar la libertad de expresión. El caso de los artículos 126 y 127 puede ser solo el principio de un proceso legislativo más amplio, en el que se busque redefinir el equilibrio entre la autoridad estatal y los derechos fundamentales de los ciudadanos y comunicadores

La derogación de los artículos 126 y 127 del Código Penal en el Estado de México marca un hito importante en la lucha por la libertad de expresión en el país. Si bien esta medida representa un avance para la democracia, la política y los derechos humanos, también abre un espacio, como pueden ser los foros,  para seguir debatiendo y revisando otras normas que puedan ser interpretadas como restrictivas de las libertades fundamentales. Es, sin lugar a dudas, un paso positivo hacia una sociedad más justa, abierta y respetuosa de los derechos humanos.

 

LA INDEPENDENCIA PERIODÍSTICA Y LA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO: REFLEXIONES SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MEXICO

 Por: Antonio Martínez Cantellano

El periodismo, como pilar fundamental de la democracia, enfrenta constantemente la tensión entre su papel de crítica al poder y la necesidad de interactuar con las instituciones gubernamentales para promover cambios y reformas sustanciales en su entorno. En este contexto, es fundamental cuestionar si la participación de periodistas en eventos organizados por el gobierno, como los realizados por Morena en el Estado de México o en su caso organizado por los propios periodistas con la presencia de funcionarios con la finalidad de dar fe del evento periodístico, pone en entredicho su independencia o si, por el contrario, es una oportunidad para incidir de manera positiva en la creación de políticas públicas dirigida a este gremio en particular. En este ensayo, se explorará la postura de aquellos periodistas que consideran que la colaboración con el gobierno no degrada el trabajo periodístico, y cómo esta interacción puede ser beneficiosa para la reforma de la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México.

Existen diversas opiniones sobre si el vínculo entre el periodismo y las instituciones gubernamentales compromete la objetividad y autonomía de los periodistas. Sin embargo, la postura que se defiende en este ensayo periodístico señala que asistir a eventos organizados por el gobierno o en su caso organizado por periodistas y con el apoyo de las autoridades públicas lo cual permite la participación de sus representantes no debe ser interpretado como una pérdida de independencia. En realidad, la colaboración entre periodistas y funcionarios públicos puede convertirse en un vehículo para hacer llegar las propuestas de los comunicadores a las instancias adecuadas y dar seguimiento a las reformas que beneficien a la profesión. Así, se argumenta que los periodistas pueden y deben interactuar con las estructuras de poder sin perder de vista su papel de críticos y de denunciar actos de corrupción y ser al mismo tiempo proponentes de cambios dentro de las estructuras de gobiernos municipales

La mayor preocupación para los periodistas independientes es la necesidad de una reforma a La Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, organizada por los 100 periodistas. Si bien los periodistas tienen diversas opciones para expresar sus inquietudes y propuestas, en este Primer Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a periodistas ya sean  independientes o no pueden estar vinculados con representantes del gobierno y que no necesariamente disminuye la validez de sus intervenciones. A través de estos foros, los periodistas pueden generar un espacio de diálogo y discusión con los actores políticos, donde se puede exponer la situación que atraviesan y proponer modificaciones que fortalezcan su seguridad social, pensión, seguro de vida y las condiciones laborales de los comunicadores. De hecho, esta interacción puede facilitar la toma de decisiones por parte de los responsables políticos, ya que las propuestas nacen desde el interior del gremio.

Hay una realidad que a menudo se pasa por alto: la diversidad dentro del mundo del periodismo. No todos los periodistas se encuentran en la misma situación, ni todos cuentan con los mismos recursos. Los periodistas que trabajan para grandes empresas mediáticas tienen un acceso privilegiado a las oficinas de prensa de los gobiernos locales y, por ende, pueden ser más fácilmente escuchados por los funcionarios. En cambio, los periodistas locales o independientes  o de periodistas de a pie, que por lo general son los que más arriesgan, pues, van a lugares muy inseguros y que no dependen de corporaciones mediáticas, a menudo enfrentan una atención más limitada por parte de las instituciones gubernamentales. A pesar de esto, los periodistas independientes tienen una ventaja: su autonomía les permite proponer soluciones y reformas con una mayor libertad de expresión. Este lugar del periodismo local e independiente es crucial para enriquecer el debate público y puede ser el motor de un cambio real en las leyes que afectan a todos los comunicadores.

Por esta razón,  la participación de los periodistas independientes en eventos organizados por el gobierno, como los foros apoyados por el gobierno estatal, no debe interpretarse como un acto de subordinación, sino como una oportunidad para proponer cambios desde dentro de las instituciones. A través de estos espacios de diálogo, los periodistas pueden incidir en la creación de políticas públicas que garanticen la protección de su labor y la mejora de las condiciones de trabajo dentro del Estado de México y en su caso, dentro de los gobiernos municipales. La diversidad de voces dentro del periodismo, tanto de los grandes medios como de los periodistas independientes, es clave para impulsar reformas que fortalezcan la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y, en última instancia, protejan la libertad de prensa y la democracia misma.