Ensayo
desde la perspectiva de Pierre Bourdieu
Por: Marcial
Antonio Martínez Cantellano
La
libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales para el funcionamiento
de toda sociedad democrática. Sin embargo, en México, este derecho se encuentra
bajo una amenaza constante que ha adoptado nuevas formas: el uso del poder
judicial como mecanismo de censura y represión. En el texto “Se está usando al
poder judicial en contra de periodistas”, René Narváez Lozada denuncia cómo
gobernadores, funcionarios y autoridades han utilizado los tribunales y las
leyes como herramientas para silenciar a periodistas críticos del poder.
Desde la
perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu, este fenómeno puede interpretarse
como una manifestación de violencia
simbólica dentro de los campos de poder político y jurídico, donde los
actores dominantes utilizan su capital institucional para mantener su hegemonía
y controlar el discurso público. Así, la represión contra periodistas no solo
implica una violación de derechos humanos, sino también una estrategia de
dominación cultural que limita la capacidad crítica de la sociedad.
La tesis
de este ensayo sostiene que los tribunales y procedimientos judiciales en
México están siendo instrumentalizados por autoridades y élites políticas para
perseguir y silenciar a periodistas, lo que representa una forma de violencia simbólica que refuerza las
desigualdades de poder y vulnera los principios democráticos de libertad y
justicia.
Para
comprender la relación entre el poder judicial y la represión periodística, es
necesario entender el concepto de campo propuesto por Pierre Bourdieu. Este define
los campos como espacios sociales estructurados donde los individuos y grupos
compiten por distintos tipos de capital: económico, cultural, social o
simbólico (Bourdieu, 1997). Cada campo tiene sus propias reglas, jerarquías y
formas de legitimación del poder.
En
México, el campo político y el campo judicial se encuentran estrechamente
vinculados. Aunque el sistema judicial debería ser autónomo, en la práctica
suele responder a intereses políticos. Cuando Narváez (2025) afirma que “más de
10 gobernadores han ocupado el poder del estado para venganzas personales en
contra de los reporteros y periodistas”, describe precisamente cómo el campo
político domina al campo judicial, instrumentalizándolo para mantener su
control simbólico sobre la sociedad.
En este
sentido, la justicia deja de ser un espacio neutral de aplicación de la ley y
se convierte en un instrumento de reproducción del poder. Según Bourdieu
(1987), las instituciones no son neutrales: funcionan como escenarios donde se
disputan las formas legítimas de ver y decir el mundo. Por ello, el uso del
poder judicial contra periodistas es una forma de imponer una única visión
política —la de los dominantes— y silenciar aquellas voces que cuestionan su
autoridad.
Uno de
los conceptos más relevantes en la obra de Bourdieu es el de violencia
simbólica, entendida como el ejercicio del poder que se impone de manera sutil,
sin recurrir necesariamente a la fuerza física, sino mediante la legitimación
cultural y social de la dominación (Bourdieu & Passeron, 1996).
Cuando el
Estado utiliza el aparato judicial para perseguir a periodistas críticos, se
produce precisamente este tipo de violencia. No se trata de una represión
abierta —como la censura directa o la agresión física—, sino de una coerción legitimada por el lenguaje jurídico, que
aparenta ser “legal” u “objetiva”.
El texto
de Narváez (2025) menciona cómo se utilizan figuras legales como la “violencia
política de género” o demandas por “daño moral” para castigar publicaciones
críticas. Desde la perspectiva bourdieusiana, estas estrategias son mecanismos
de violencia simbólica institucionalizada, ya que se presentan como procesos
legales legítimos, pero en realidad buscan inhibir el ejercicio periodístico y
generar miedo en el campo mediático.
De esta
manera, el poder judicial se convierte en un medio de censura “legal” que
mantiene el orden simbólico establecido. El periodista, al enfrentar procesos
judiciales costosos y desgastantes, interioriza la represión y termina
autocensurándose. Como explica Bourdieu (1990), la dominación más efectiva es
aquella que logra que los dominados participen en su propia subordinación
creyendo que es natural o inevitable.
Para
Pierre Bourdieu, el campo periodístico es un espacio de lucha simbólica donde
se produce y distribuye la información que estructura la percepción social de
la realidad. Sin embargo, este campo no es autónomo: depende de fuerzas
económicas, políticas y judiciales que condicionan su funcionamiento (Bourdieu,
1996).
En
México, los periodistas que intentan ejercer su labor crítica enfrentan un
doble riesgo: la violencia física y la violencia simbólica. Narváez (2025)
señala que “ejercer la libertad de opinión en el periodismo hoy en México es un
peligro”, recordando los asesinatos y desapariciones de comunicadores en los
últimos años. Pero más allá de la violencia directa, la censura judicial opera
como un mecanismo de control estructural, que limita la capacidad del periodismo
para cuestionar al poder.
Desde la
teoría de Bourdieu, el periodismo debería fortalecer su autonomía de campo, es
decir, su capacidad de regirse por sus propias reglas y valores (la verdad, la
ética informativa, la crítica social), en lugar de someterse a las reglas del
campo político o económico. Cuando el poder político interviene en el campo
periodístico mediante la cooptación o la persecución, destruye esa autonomía y
debilita la función social del periodismo como fiscalizador del poder.
Bourdieu
(1991) señala que el poder simbólico consiste en la capacidad de nombrar y
definir la realidad. Quien controla el lenguaje controla la percepción del
mundo. En este sentido, la censura judicial contra periodistas no solo busca
castigar a individuos, sino controlar el discurso social sobre el poder.
Cuando el
Estado acusa, demanda o criminaliza a periodistas críticos, impone un marco
simbólico donde el periodista pasa de ser un actor social necesario para la
democracia a ser un “enemigo” o “provocador”. Esa redefinición de su papel de
periodista refuerza la hegemonía del Estado y debilita la confianza social en
la prensa.
Así, la
lucha por la libertad de expresión se convierte, desde la óptica bourdieusiana,
en una lucha por el poder simbólico: la disputa por quién tiene el derecho de
decir la verdad, de interpretar los hechos y de definir la realidad social. En
ese sentido, la censura judicial es una forma sofisticada de dominación, porque
actúa en el nivel de las ideas y del reconocimiento social, más que en el de la
fuerza física. (Narváez Lozada, 2025)
Desde la
perspectiva de Pierre Bourdieu, el uso del poder judicial en contra de
periodistas constituye una expresión de violencia simbólica institucionalizada
que perpetúa las estructuras de dominación en México. El campo político, al
subordinar al campo judicial, transforma la justicia en una herramienta de control ideológico y represión
silenciosa. A su vez, el campo periodístico ve amenazada su autonomía,
debilitando su papel como garante de la verdad y la crítica pública.
En este
contexto, defender la libertad de expresión implica mucho más que exigir
protección física para los periodistas: significa disputar el poder simbólico
del Estado y reconstruir la autonomía del campo periodístico frente a las
presiones políticas y judiciales. Solo mediante esta resistencia colectiva
podrá evitarse que el derecho —concebido como instrumento de justicia— se
convierta en un arma de censura, y que la palabra crítica, fundamento de toda
democracia, siga siendo un acto de valentía.
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