FIN DE LOS PRIVILEGIOS: UNA SUPREMA CORTE MÁS JUSTA Y SIN EXCESOS

 Por: Antonio Martínez Cantellano

Durante años, los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han vivido en una burbuja de privilegios que los alejaba del resto del país. Mientras millones de ciudadanos luchan por salir adelante con salarios mínimos, jueces, magistrados y ministros han gozado de sueldos que, en muchos casos, superaban incluso al de la propia presidenta de la República. Esto no solo resulta inmoral, sino también inconstitucional.

El nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, ha puesto el dedo en la llaga. En un país donde la desigualdad sigue siendo uno de los grandes males estructurales, no es aceptable que quienes representan la máxima autoridad judicial vivan con lujos que contradicen los principios de austeridad y legalidad. Tal como lo establece la Constitución, ningún funcionario público debe ganar más que la titular del Ejecutivo, y es hora de que esta norma deje de ser letra muerta.

Aguilar Ortiz ha anunciado una revisión profunda de los sueldos de todos los funcionarios judiciales, así como de las pensiones que reciben los ministros en retiro. En algunos casos, estos exfuncionarios perciben hasta 385 mil pesos mensuales, una cifra escandalosa si consideramos que su responsabilidad ya terminó y que estos recursos provienen directamente del erario público.

 Además del exceso en los sueldos, hay que sumar los apoyos especiales que también se han otorgado dentro del Poder Judicial, y que representan otro tipo de privilegios encubiertos: bonos, compensaciones, autos oficiales, choferes, comidas, viajes. Todo a costa del presupuesto nacional. Según estimaciones de la propia Corte, el ajuste podría representar un ahorro de hasta 800 mil millones de pesos al año. Una cifra que bien podría ser destinada a salud, educación o infraestructura, y que hoy está secuestrada por una élite que se resiste a perder sus beneficios.

Esta medida no solo tiene un impacto económico, sino también simbólico. Significa el fin de una clase privilegiada, pero muy privilegiada, enquistada en el poder judicial, que durante décadas se creyó intocable y que nadie los podía cuestionar menos castigar. Esto tiene un significado claro que consiste; en que nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera quienes tienen como encargo interpretarla y aplicarla.

Se trata, en suma, de una reivindicación de la justicia, no solo en el ámbito legal, sino también en el económico y social. Si queremos una Corte que represente al pueblo, tiene que vivir como el pueblo, no como una aristocracia judicial. Porque cuando la justicia se convierte en un privilegio, deja de ser justicia.

Esta es una de las noticias más importantes en el ámbito jurídico, pues estas medidas son más austeras, más honestas, y sobre todo, más cercana al pueblo.