Por: Antonio Martínez Cantellano
En
América Latina, ejercer el periodismo se ha convertido, cada vez más, en una
actividad de alto riesgo. Entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas fueron
forzados al exilio en la región, según el informe Voces Desplazadas,
elaborado por PROLEDI (UCR), la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales
(Chile) y Funda medios. Esta cifra no solo refleja una grave regresión
democrática, sino que también obliga a los Estados de acogida a revisar
críticamente sus políticas públicas, especialmente en lo que respecta a la inclusión
efectiva de periodistas en situación de desplazamiento. Que fue una de las
ponencias, presentada en el último foro de 100 periodistas por el Estado de
México.
En estos
momentos, México ocupa un lugar central en esta ecuación. Por un lado, ha sido
catalogado durante más de una década como uno de los países más peligrosos para
ejercer el periodismo. Por otro lado, se ha convertido en un destino importante
para periodistas extranjeros exiliados, particularmente de países como México, Nicaragua,
Venezuela, Cuba y Honduras. Sin embargo, el marco legal mexicano aún presenta serias lagunas cuando se trata de
proteger a estos comunicadores internacionales.
Los
periodistas extranjeros en México, ya sean corresponsales, freelancers o
colaboradores de medios digitales internacionales, no están formalmente reconocidos como sujetos de protección en el
Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas. Esta omisión legal tiene consecuencias directas y
alarmantes:
Obstáculos migratorios que dificultan su acceso a protección, debido a
que sus permisos de residencia o trabajo pueden ser revocados si denuncian
amenazas.
Falta de protocolos claros por parte de las instituciones
responsables, que a menudo no saben cómo actuar ante una agresión a periodistas
no mexicanos.
Estigmatización política, en donde el discurso de
“injerencia extranjera” es usado para desacreditar su labor y justificar el
desinterés estatal.
El
resultado es una situación de doble vulnerabilidad: son periodistas en riesgo y, además, migrantes en condiciones
inciertas. Esta combinación los coloca fuera del radar institucional y
los condena al silencio o al autoexilio dentro del exilio.
Resulta
paradójico que un país con un historial tan preocupante en materia de violencia
contra periodistas, y que al mismo tiempo recibe comunicadores en búsqueda de
refugio, no haya desarrollado un marco
normativo incluyente y garantista para quienes llegan desde el extranjero.
Si bien
existen mecanismos regionales (como la plataforma periodismolibre.org,
apoyada por la UNESCO) que intentan llenar ese vacío, la protección integral
debe emanar, ante todo, de los Estados nacionales.
México
tiene la oportunidad y la responsabilidad de corregir esta exclusión estructural, no solo como
medida de justicia, sino como un acto coherente con sus compromisos
internacionales en materia de derechos humanos.
Desde
diversos sectores, incluidos foros de periodistas como 100 periodistas por
el Estado de México, se han formulado propuestas claras para atender esta
deuda pendiente:
Reconocer legalmente a periodistas sin distinción de
nacionalidad como
sujetos de protección en la ley y en su reglamento.
Crear una unidad especializada en atención a casos
internacionales o transfronterizos.
Establecer coordinación con el Instituto Nacional de
Migración (INM) para
evitar que las denuncias se conviertan en represalias migratorias.
Eliminar los condicionamientos migratorios para acceder al mecanismo de
protección, garantizando confidencialidad y no deportación.
Capacitar al personal del mecanismo en derechos de personas
migrantes, diversidad cultural y enfoques diferenciales.
Estas
medidas no solo mejorarían la protección de periodistas extranjeros, sino que
contribuirían a fortalecer el
periodismo en un país que necesita más que nunca voces libres, plurales y
valientes.
El
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que
toda persona tiene derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas,
sin consideración de fronteras”. México no puede aspirar a ser una democracia
sólida si restringe, de facto, este derecho a quienes tienen un pasaporte
extranjero.
Proteger
el periodismo no debe depender de la nacionalidad del periodista, sino del
principio ético de defender la verdad y el derecho ciudadano a estar informado.
En un mundo interconectado, donde los conflictos nacionales tienen dimensiones
regionales y globales, la libertad de
prensa debe entenderse como un derecho sin fronteras.
La
inclusión de periodistas extranjeros en la Ley de Protección a Periodistas no
es un gesto de buena voluntad: es una necesidad urgente, una deuda con la
realidad y un compromiso ineludible con los derechos humanos. Ignorar esta
agenda no solo pone en peligro vidas de los periodistas.
