Por. El Lic. Marcial Antonio Martínez Cantellano
No se puede entender como un hecho aislado ni como una mera nota roja, el lanzamiento de un artefacto explosivo al interior de los juzgados que corresponden al penal Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl. Es, más bien, un hecho que ataca directamente en el epicentro del sistema de justicia y que ya de por sí lleva consigo un mensaje político: como un reto al Estado en uno de sus espacios más frágiles.
El ataque en cuestión, que ocurrió en los primeros minutos
del sábado, ha dejado ya a dos personas lesionadas un guardia de seguridad y
una trabajadora de la Fiscalía y daños materiales en el acceso a los juzgados;
no obstante, el verdadero daño no se encuentra ahí, en lo que se ha roto, sino que
se encuentra en el mensaje que le está mandando a la ciudadanía: que, incluso
los espacios donde se imparten justicia pueden ser vulnerados.
Un ataque con significado
Cuando la violencia se manifiesta contra los edificios
judiciales, no es solo un ataque físico inmediato, y no se trata meramente de
una acción que persigue el intimidar a funcionarios o generar ruido mediático
como resultado de la misma; el objetivo es afectar la percepción del control
institucional. Los juzgados dentro de un penal representan la manifestación más
concreta del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
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