Por: Antonio Martínez Cantellano
La corrupción en el ámbito municipal representa una
de las principales amenazas para la legitimidad del Estado en México. El caso
reciente en Nezahualcóyotl —donde un servidor público de Protección Civil fue
sorprendido contando 28 mil pesos producto de un soborno dentro de su oficina—
revela con crudeza una práctica sistemática que socava la confianza ciudadana,
profundiza la desigualdad y debilita las estructuras democráticas a nivel
local.
Este hecho también pone en entredicho la coherencia
del partido en el poder, MORENA, cuya bandera principal ha sido: “no robar, no
mentir y no traicionar”. Sin embargo, la realidad parece desmentir ese
discurso. Aunque muchos de estos funcionarios municipales no militen
formalmente en MORENA, forman parte de un aparato gubernamental que ha
reproducido los mismos vicios de administraciones anteriores, como las del PRI
y el PRD. En Nezahualcóyotl, la corrupción no distingue colores partidistas: ha
sido una constante, más allá de quién gobierne.
El anuncio del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo
sobre la apertura de 13 investigaciones por delitos como cohecho, abuso de
autoridad y extorsión sugiere, por un lado, un intento por enfrentar este
problema; pero también confirma la existencia de una burocracia profundamente
corrompida, donde el cargo público sigue siendo utilizado como una vía para el
beneficio personal.
Desde una perspectiva política, esta situación
revela una profunda contradicción: mientras el gobierno municipal se esfuerza
por proyectar una imagen de cambio y honestidad —incluso mediante campañas
contra la corrupción dirigidas a sus propios empleados—, los hechos evidencian
una cultura institucional donde las prácticas corruptas están normalizadas.
Las consecuencias de esta corrupción son
especialmente graves en una comunidad como Nezahualcóyotl, caracterizada por
una intensa actividad comercial y por altos niveles de vulnerabilidad económica.
Entre los efectos más visibles se encuentran:
Desigualdad en el acceso
a servicios públicos: El cobro
de sobornos para permitir la operación de negocios o evitar clausuras
arbitrarias crea un sistema paralelo donde solo quienes pueden pagar acceden a
derechos básicos.
Desconfianza
institucional: La
exposición continua a prácticas corruptas genera desapego, cinismo y la
percepción de impunidad, incluso cuando las autoridades aparentan actuar.
Muchas veces, los funcionarios corruptos solo son reubicados en otros cargos
sin recibir sanción alguna.
Normalización del abuso y
silencio ciudadano: El temor
a represalias y la convicción de que “no pasará nada” desincentivan la
denuncia, debilitando la participación ciudadana como herramienta de control
democrático.
En términos políticos, cada escándalo de corrupción
erosiona la credibilidad del gobierno y limita su capacidad de implementar
políticas públicas efectivas. Para la administración municipal de MORENA, el
desafío es complejo: no basta con sancionar casos individuales o reaccionar
ante la presión pública. Se requiere una reforma institucional profunda que
incluya el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la
profesionalización del servicio público, la apertura a la vigilancia ciudadana
y, sobre todo, la aplicación de sanciones ejemplares.
Existe además un riesgo político evidente: si la
ciudadanía no percibe un cambio real, el desencanto puede traducirse en
abstencionismo o en un voto de castigo que reconfigure el mapa político local
en futuras elecciones.
La corrupción en Nezahualcóyotl no es solo un
problema ético o legal, sino un fenómeno estructural con implicaciones
profundas para la gobernabilidad democrática. En el caso de Protección Civil,
la pregunta es inevitable: ¿a quién están protegiendo estos funcionarios?
Claramente, no a la población, sino a sus propios intereses, mediante la
extorsión y el abuso de poder.
Ante este panorama, la única salida viable es la
construcción de una ciudadanía activa, el fortalecimiento de mecanismos eficaces
de rendición de cuentas y una voluntad política real que no se limite a
sancionar casos aislados, sino que transforme de raíz las condiciones que
permiten que la corrupción siga reproduciéndose día tras día.
En este contexto, merece reconocimiento el valor de
quienes se atrevieron a denunciar un intento de extorsión dentro de las propias
instalaciones de Protección Civil. Este tipo de acciones ciudadanas son
fundamentales y deben convertirse en ejemplo para que más personas se animen a
alzar la voz. La corrupción no debe seguir siendo la regla: debemos trabajar
para que, por fin, empiece a ser la excepción.
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