¿DESTITUCIÓN O SIMPLE REACOMODO? LA SIMULACIÓN DEL PODER LOCAL

Desde la redacción

En la política mexicana, los escándalos rara vez sorprenden; lo verdaderamente inquietante es la normalización de las conductas que los provocan. El reciente caso de funcionarios de la Dirección de Educación Pública de Nezahualcóyotl, sorprendidos consumiendo alcohol dentro de un vehículo oficial, no solo evidencia una falta administrativa o ética individual: revela un patrón más profundo de impunidad, simulación y redes de poder que operan al margen de la responsabilidad pública.

La reacción institucional la supuesta destitución de los implicados podría interpretarse como un acto de justicia administrativa. Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿se trata realmente de una sanción o simplemente de un reacomodo dentro del mismo sistema político? La experiencia indica que, en muchos casos, estos movimientos no representan una ruptura con las prácticas cuestionadas, sino una reubicación estratégica de los actores involucrados.

El problema no radica únicamente en el acto de ingerir alcohol en funciones que ya de por sí es grave, sino en lo que este hecho simboliza: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Un vehículo oficial no es un privilegio personal, sino una herramienta de trabajo financiada por la ciudadanía. Convertirlo en un espacio de ocio es, en esencia, una forma de desprecio hacia la función pública.

Más preocupante aún es el entramado político que rodea a los funcionarios señalados. Los vínculos familiares, las trayectorias partidistas cambiantes y los respaldos políticos evidencian que el acceso y la permanencia en los cargos no siempre responden a la capacidad o al mérito, sino a la lógica del compadrazgo y la lealtad política. En este contexto, la administración pública deja de ser un espacio de servicio para convertirse en un botín.

El discurso oficial suele insistir en la construcción de una nueva ética pública, particularmente desde los gobiernos que se identifican con la llamada transformación política del país. Sin embargo, casos como este ponen en duda la coherencia entre el discurso y la práctica. ¿Cómo hablar de principios, de austeridad o de compromiso social cuando persisten estas conductas dentro de las propias estructuras gubernamentales?

Además, el hecho de que algunos de los implicados puedan regresar a posiciones sindicales bien remuneradas plantea otra interrogante incómoda: ¿existe realmente una consecuencia para quienes abusan del poder, o el sistema garantiza su protección bajo distintas formas? La rendición de cuentas no debería ser un espectáculo momentáneo, sino un mecanismo constante y efectivo.

Este caso no debe leerse como un incidente aislado, sino como un síntoma de una cultura política que aún no logra romper con viejas prácticas. La indignación pública es necesaria, pero insuficiente si no se traduce en exigencia de transparencia, profesionalización del servicio público y sanciones reales.

Porque al final, la verdadera cuestión no es si habrá destituciones, sino si existe voluntad política para transformar de raíz un sistema que, una y otra vez, parece premiar la irresponsabilidad y castigar la confianza ciudadana.